Cientos de técnicos de Lufthansa en el Aeropuerto Internacional Rafael Hernández votan a favor de eliminar el sindicato IAM
La mayoría de los técnicos firmaron una petición para exigir una votación de destitución del sindicato, pero los dirigentes del IAM utilizaron acusaciones contra el empleador en un intento fallido de bloquear la votación
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Aguadilla, Puerto Rico (12 de Agosto del 2025) – Eric Matos, técnico aeronáutico en las instalaciones de Lufthansa Technik en el aeropuerto internacional Rafael Hernández, ha logrado que él y unos doscientos compañeros puedan votar para expulsar a los representantes sindicales de la Asociación Internacional de Maquinistas (IAM) de su lugar de trabajo. El éxito de Matos se produce después de que el Consejo General de la Junta Nacional de Mediación (NMB) de Washington D. C. rechazara la petición de los dirigentes sindicales de la IAM de impedir la votación y programara esta por correo entre el 21 de agosto y el 16 de octubre del 2025. Matos está recibiendo asistencia jurídica gratuita por parte de los abogados de la Fundación Nacional por el Derecho al Trabajo para defender su derecho al voto y el de sus compañeros de trabajo.
La NMB es la agencia federal responsable de hacer cumplir la legislación federal en las industrias aérea y ferroviaria, tarea que incluye organizar y gestionar elecciones para instalar o «certificar» y Eliminar o «descertificar» sindicatos. Según las normas de la NMB, para solicitar una votación de descertificación sindical, los trabajadores deben presentar una petición en la que se indique que al menos el 50 % de los trabajadores de un «oficio o clase» similar, bajo el control del sindicato, que deseen celebrar dicha votación. Dicho lo anterior, Matos presentó una petición con las firmas de la mayoría de sus colegas para iniciar el proceso de descertificación.
Los técnicos de Lufthansa Technik están sujetos a la Ley Laboral Ferroviaria (RLA), la ley federal que regula las relaciones laborales en los sectores aéreo y ferroviario. Esto significa que los líderes sindicales pueden hacer cumplir los contratos que exigen el pago de cuotas o tasas sindicales como condición para conseguir empleo, independientemente de la situación del derecho al trabajo en un estado o territorio (Puerto Rico carece actualmente de protecciones en materia de derecho al trabajo). Por ese motivo, los empleados ferroviarios y aéreos deben votar para expulsar a los dirigentes sindicales de sus lugares de trabajo y evitar así las exigencias de «pagar o ser despedido».
Los líderes sindicales de IAM se opusieron a la petición de inmunidad frente al voto de los empleados
Aunque Matos presentó una petición de descertificación respaldada por la mayoría, los dirigentes sindicales de la IAM esgrimieron una serie de argumentos dudosos para impedir que los técnicos votaran y para inmunizar al sindicato durante todo un año frente a cualquier intento de expulsarle.
Los dirigentes del sindicato IAM solicitaron a la agencia federal que prorrogara por un año la «prohibición de certificación» de dos años, que impide los intentos de expulsar a un sindicato inmediatamente después de su constitución en un lugar de trabajo. La NMB rara vez concede este tipo de medidas.
En un escrito de mayo de 2025, los abogados de la fundación argumentaron que las acusaciones del sindicato sobre la supuesta interferencia del empleador —relativas a un aumento salarial ilícito que Lufthansa concedió a los técnicos— no se habían examinado en un tribunal federal. Por esa razón, de acuerdo con lo expresado en el documento de mayo de 2025, las acusaciones no lograban sostener la afirmación del sindicato de que se debía impedir la votación. En su reciente decisión, la NMB desestimó la solicitud del sindicato de bloquear la votación y ampliar el «plazo de certificación», dictaminando que «salvo circunstancias extraordinarias, la Junta no tomará medidas sobre las denuncias de interferencia hasta que finalice el período de votación electoral».
«Incluso en los casos en los que se ha constatado la existencia de una interferencia electoral, las medidas correctivas impuestas por la Junta, para eliminar los efectos de dicha interferencia, son limitadas y no incluyen el tipo de reparación solicitado por la IAM’, continúa la sentencia. En este caso, la IAM solicitó bloquear la votación incluso antes de que se aprobara la elección.
La Administración Trump debería revisar las normas electorales sindicales en todos los ámbitos
«La NMB hizo bien en rechazar el intento de los líderes sindicales de impedir que el Sr. Matos y sus compañeros ejercieran su derecho a votar sobre la presencia del IAM en su lugar de trabajo», comentó Mark Mix, presidente de la Fundación Nacional por el Derecho al Trabajo. «Aunque este caso se ha resuelto a favor de los técnicos de Lufthansa, muestra el tipo de tácticas y maniobras legales que los líderes sindicales intentarán utilizar para frustrar la voluntad de los trabajadores a los que dicen representar, con el único fin de poder cobrar las cuotas sindicales obligatorias».
«La Administración Trump, que aún está dotando de personal a sus agencias laborales federales, debe centrarse en eliminar las barreras que impiden la libre elección de los trabajadores, ya sea en las políticas de la NMB o en otras juntas laborales federales, como la Junta Nacional de Relaciones Laborales», añadió Mix.
Airline Workers Contest Union ‘Opt-Out’ Requirement for Political Dues
The following article is from the National Right to Work Legal Defense Foundation’s bi-monthly Foundation Action Newsletter, July/August 2019 edition. To view other editions or to sign up for a free subscription, click here.
Union bosses bullied and illegally threatened to discipline employee who defied strike demands
United Airlines fleet service employee Arthur Baisley (left) and JetBlue pilot Christian Popp (right) are challenging union boss “opt-out” rules that make nonmembers pay for union political spending without their consent.
AUSTIN, TX – United Airlines fleet service employee Arthur Baisley and JetBlue Airlines pilot Christian Popp have filed federal lawsuits against the International Association of Machinists (IAM) and Air Line Pilots Association (ALPA) unions, respectively, challenging union officials’ “opt-out” requirements designed to make non-members pay for union political activities without their consent.
Austin, TX-based Baisley and Fort Lauderdale, FL-based Popp filed their lawsuits with free legal aid from the National Right to Work Foundation. Their Foundation staff attorneys argue that the “opt-out” schemes perpetrated by IAM and ALPA bosses violate workers’ rights under the Railway Labor Act (RLA) and the First Amendment under the standard laid out in the landmark 2018 Supreme Court decision Janus v. AFSCME.
“No employee or private citizen should be trapped in a deliberately-complex system that funnels their money into political speech of which they disapprove. Unfortunately, that is exactly what IAM and ALPA union officials are doing to non-member workers across America,” commented National Right to Work Foundation Vice President and Legal Director Ray LaJeunesse.
The lawsuits contend that under Janus and the 2012 Knox v. SEIU Supreme Court case – both of which were argued and won by Foundation staff attorneys – no union dues or fees can be charged for union political activities without a worker’s affirmative consent.
Popp and Baisley, despite working in the Right to Work states of Florida and Texas, must still pay fees to their respective unions as the RLA preempts state law and permits forced dues. But, even in the absence of Right to Work protections, established Supreme Court precedent forbids unions from putting those compulsory fees towards ideological activities like lobbying or politics.
According to the lawsuits, the processes that IAM and ALPA union bosses require independent-minded workers to go through simply to exercise their constitutional right not to fund “nonchargable” activities are convoluted and typically involve having to “decipher” the opt-out requirements of the union.
Even worse, after Baisley submitted a letter to IAM agents in November 2018 objecting to funding all union political activities, the union officials only accepted his objection for 2019, and told Baisley he would be required to renew his objection to full dues and fees the next year or else be charged for full union dues.
The two complaints challenge these union boss-created policies on the grounds that they “require employees to opt-out of paying union fees that they have no legal obligation to pay” and thus violate workers’ First Amendment rights.
The complaints also allege that the “opt-out” requirements violate the RLA, which governs labor in the air and rail industries and “protects the right of employees to ‘join, organize, or assist in organizing’ a union of their choice as well as the right to refrain from any of those activities.”
Both suits are class-action, and seek court orders requiring union officials to ask for affirmative employee consent for any dues charged for political or ideological purposes in the future.
“These lawsuits show that although Janus’ most direct impact was to secure the First Amendment rights of public employees not to be required to fund Big Labor, the implications don’t stop there,” observed LaJeunesse. “Because the Janus decision made clear workers must opt-in to all political and ideological activity, Foundation staff attorneys are able to cite it in defense of airline workers covered by the Railway Labor Act.”
