Workers Sue Labor Board Over Rule Blocking Them From Holding Vote to Remove Union
The following article is from the National Right to Work Legal Defense Foundation’s bi-monthly Foundation Action Newsletter, July/August 2019 edition. To view other editions or to sign up for a free subscription, click here.
School bus drivers’ petition for a decertification election blocked under ‘settlement bar’ rule
School bus drivers are challenging a coercive NLRB-created rule trapping them under the “representation” of the notoriously corrupt Teamsters union, controlled by top boss Jimmy Hoffa (left).
PITTSBURGH, PA – Two Pennsylvania school bus drivers have filed a federal lawsuit against the National Labor Relations Board (NLRB) after the Board blocked their petition to hold an election to remove an unwanted union from their workplace.
Marcia Williams and Karen Wunz, employed by Krise Transportation, filed their lawsuit to challenge the NLRB “settlement bar” rule. That rule blocks employees in a union monopoly bargaining unit from holding a secret ballot election to decertify the union until an NLRB-mandated period of time after a settlement agreement between the employer and the union. The complaint asserts that this Board-created policy violates the workers’ rights under the National Labor Relations Act (NLRA).
In March, Krise Transportation and Teamsters Local 397 (the union with monopoly bargaining power over Williams, Wunz, and their coworkers) entered into a settlement agreement in an unfair labor practice case. The agreement included a clause that barred workers from challenging Teamsters Local 397 union officials’ monopoly bargaining status for a year after the officials’ first bargaining session with Krise. Williams and Wunz were not parties to the agreement.
In May, Williams filed a petition with the NLRB to decertify Teamsters Local 397. Out of 28 Krise employees, 24 employees signed the petition to oppose union officials’ representation. Despite the overwhelming opposition to the union, the NLRB Regional Director blocked their decertification petition using the “settlement bar” rule. Williams requested that the NLRB review the Regional Director’s decision, but the NLRB upheld the dismissal and blocked the employees’ decertification petition.
Williams and Wunz are represented free of charge by Foundation staff attorneys in their attempt to free themselves and their coworkers from unwanted Teamsters union «representation.”
In the federal lawsuit, Foundation staff attorneys argue that the NLRB’s “settlement bar” rule conflicts with the clear text and plain meaning of the NLRA. The NLRA requires the Board to investigate any petition in which an employee alleges that a union no longer commands a majority of the workers’ support, and that if a question of representation exists the Board must direct a secret ballot election.
However, the NLRB’s “settlement bar” rule blocks Williams, Wunz, and their coworkers from raising a question concerning representation and forces them to submit to the monopoly bargaining privileges of a union they oppose. Foundation staff attorneys point out that nothing in the NLRA grants the Board the authority to issue a “settlement bar” rule blocking employees, even for a “reasonable time,” from raising a question concerning representation, “let alone a rule based merely on the employer’s settlement of unfair labor practice charges to which the employees were not parties.”
Williams and Wunz ask the court to declare the NLRB’s “settlement bar” rule a violation of the Board’s Congressionally delegated authority and to order the Board to move forward with their decertification petition.
“The National Labor Relations Act is premised on the notion of employee rights to associate or refrain from associating with a union. Yet the NLRB has concocted several rules that undermine the Act by blocking workers from voting out unwanted representation,” commented Mark Mix, president of the National Right to Work Foundation. “Such doctrines have been restricting workers’ voices for far too long. Ms. Williams and Ms. Wunz are standing up to challenge the Board’s union boss-friendly practices, and the Foundation is proud to help them challenge this policy that directly contradicts their rights under federal labor law.”
Sindicato da marcha atrás después de intentar negarle plan médico a trabajadores de la Universidad de Puerto Rico por haber ejercido sus derechos de la Primera Enmienda
Los dirigentes sindicales habían amenazado a los trabajadores con la pérdida de acceso al plan médico auspiciado por el patrono si no “autorizaban” retroactivamente las cuotas sindicales incautadas ilegalmente
San Juan, PR (28 de abril de 2021) – Empleados de la Universidad de Puerto Rico (UPR) han recibido las tarjetas de plan médico que los dirigentes sindicales les estaban reteniendo como represalia por su negativa a firmar formularios de cuotas sindicales. Los funcionarios sindicales y la universidad enfrentaron presiones para restablecer la cobertura de seguro médico de los empleados disidentes a causa de una moción legal radicada por abogados de la Fundación Nacional de Defensa Legal del Derecho al Trabajo.
José Ramos y Orlando Méndez radicaron un pleito de acción de clase en mayo de 2020 contra la Universidad de Puerto Rico y su Sindicato de Trabajadores por infringir en los derechos de los empleados según reconocidos en la sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en Janus v. AFSCME, caso ganado por la Fundación en el 2018. En Janus, el máximo foro judicial dictaminó que no se le puede exigir a los empleados públicos que paguen cuotas sindicales como condición de empleo y que las cuotas sindicales solo se pueden descontar de la paga de los empleados públicos si éstos renuncian afirmativamente al derecho de no tener que pagar.
Ramos y Méndez nunca autorizaron las deducciones de las cuotas sindicales y nunca firmaron formularios de afiliación sindical. Sin embargo, los dirigentes sindicales continuaron cobrando cuotas de sus cheques de nómina. En un intento de subsanar años de deducciones de cuotas no autorizadas, los dirigentes sindicales le exigieron a los trabajadores que firmaran un documento autorizando retroactivamente todas las cuotas descontadas previamente y que consintieran a una cantidad no especificada de deducciones futuras. Los dirigentes sindicales sostuvieron que los trabajadores perderían el acceso a su plan de salud si no cumplían con esto.
Ramos y Méndez se negaron a firmar el formulario y los dirigentes sindicales retuvieron las tarjetas permanentes de plan médico de los empleados, lo que los obligó a depender de certificaciones temporales de seguro médico. Las certificaciones temporales no se recibían de manera consistente, resultando en interrupciones en las cuales los trabajadores se quedaban sin seguro médico. Los abogados de la Fundación radicaron una moción para una orden de injunction preliminar para restaurar inmediatamente el acceso completo al plan de seguro médico de los empleados.
Los jefes sindicales finalmente accedieron y los demandantes recibieron sus tarjetas permanentes de seguro médico, devolviéndoles el acceso a los beneficios laborales que el sindicato amenazó en un intento por obligar a los trabajadores a aprobar años de deducciones ilegales de cuotas pasadas.
La demanda de acción de clase de los trabajadores contra el Sindicato y la Universidad por las deducciones ilegales de las cuotas continuará. Los empleados persiguen una orden prohibiendo las deducciones de las cuotas inconstitucionales de los empleados que no proveyeron su consentimiento, al igual que un reembolso de las cuotas que fueron incautadas ilegalmente “dentro del … plazo de prescripción de 15 años por incumplimiento de contrato.”
“Los jefes sindicales utilizaron su control sobre el seguro médico de los empleados para intentar cubrir sus huellas después de haber incautado ilegalmente cuotas durante años”, dijo Mark Mix, presidente de la Fundación Nacional de Defensa Legal del Derecho al Trabajo. “En lugar de buscar el apoyo voluntario de los trabajadores, los jefes sindicales amenazaron su seguro médico con la esperanza de que cedieran.”
“Si bien estamos agradecidos de que a estos trabajadores ya no se les niegue ilegalmente el acceso a su plan de seguro médico, los abogados de la Fundación continuarán con la demanda hasta que los derechos de la Primera Enmienda de estos trabajadores estén plenamente reivindicados”, agregó Mix.
Sindicato da marcha atrás después de intentar negarle plan médico a trabajadores de la Universidad de Puerto Rico por haber ejercido sus derechos de la Primera Enmienda
Los dirigentes sindicales habían amenazado a los trabajadores con la pérdida de acceso al plan médico auspiciado por el patrono si no “autorizaban” retroactivamente las cuotas sindicales incautadas ilegalmente
San Juan, PR (28 de abril de 2021) – Empleados de la Universidad de Puerto Rico (UPR) han recibido las tarjetas de plan médico que los dirigentes sindicales les estaban reteniendo como represalia por su negativa a firmar formularios de cuotas sindicales. Los funcionarios sindicales y la universidad enfrentaron presiones para restablecer la cobertura de seguro médico de los empleados disidentes a causa de una moción legal radicada por abogados de la Fundación Nacional de Defensa Legal del Derecho al Trabajo.
José Ramos y Orlando Méndez radicaron un pleito de acción de clase en mayo de 2020 contra la Universidad de Puerto Rico y su Sindicato de Trabajadores por infringir en los derechos de los empleados según reconocidos en la sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en Janus v. AFSCME, caso ganado por la Fundación en el 2018. En Janus, el máximo foro judicial dictaminó que no se le puede exigir a los empleados públicos que paguen cuotas sindicales como condición de empleo y que las cuotas sindicales solo se pueden descontar de la paga de los empleados públicos si éstos renuncian afirmativamente al derecho de no tener que pagar.
Ramos y Méndez nunca autorizaron las deducciones de las cuotas sindicales y nunca firmaron formularios de afiliación sindical. Sin embargo, los dirigentes sindicales continuaron cobrando cuotas de sus cheques de nómina. En un intento de subsanar años de deducciones de cuotas no autorizadas, los dirigentes sindicales le exigieron a los trabajadores que firmaran un documento autorizando retroactivamente todas las cuotas descontadas previamente y que consintieran a una cantidad no especificada de deducciones futuras. Los dirigentes sindicales sostuvieron que los trabajadores perderían el acceso a su plan de salud si no cumplían con esto.
Ramos y Méndez se negaron a firmar el formulario y los dirigentes sindicales retuvieron las tarjetas permanentes de plan médico de los empleados, lo que los obligó a depender de certificaciones temporales de seguro médico. Las certificaciones temporales no se recibían de manera consistente, resultando en interrupciones en las cuales los trabajadores se quedaban sin seguro médico. Los abogados de la Fundación radicaron una moción para una orden de injunction preliminar para restaurar inmediatamente el acceso completo al plan de seguro médico de los empleados.
Los jefes sindicales finalmente accedieron y los demandantes recibieron sus tarjetas permanentes de seguro médico, devolviéndoles el acceso a los beneficios laborales que el sindicato amenazó en un intento por obligar a los trabajadores a aprobar años de deducciones ilegales de cuotas pasadas.
La demanda de acción de clase de los trabajadores contra el Sindicato y la Universidad por las deducciones ilegales de las cuotas continuará. Los empleados persiguen una orden prohibiendo las deducciones de las cuotas inconstitucionales de los empleados que no proveyeron su consentimiento, al igual que un reembolso de las cuotas que fueron incautadas ilegalmente “dentro del … plazo de prescripción de 15 años por incumplimiento de contrato.”
“Los jefes sindicales utilizaron su control sobre el seguro médico de los empleados para intentar cubrir sus huellas después de haber incautado ilegalmente cuotas durante años”, dijo Mark Mix, presidente de la Fundación Nacional de Defensa Legal del Derecho al Trabajo. “En lugar de buscar el apoyo voluntario de los trabajadores, los jefes sindicales amenazaron su seguro médico con la esperanza de que cedieran.”
“Si bien estamos agradecidos de que a estos trabajadores ya no se les niegue ilegalmente el acceso a su plan de seguro médico, los abogados de la Fundación continuarán con la demanda hasta que los derechos de la Primera Enmienda de estos trabajadores estén plenamente reivindicados”, agregó Mix.
